La abogada Evelyn Mignola habló en Mediodías Taficeños sobre el conflicto judicial por el tratamiento oncológico de la joven taficeña y confirmó que solicitaron astreintes contra la obra social por el incumplimiento de una orden judicial.
La situación de Josefina Buonocore volvió a instalarse en la agenda pública de Tafí Viejo. Luego de las campañas solidarias que permitieron conseguir parte de la medicación necesaria para iniciar su tratamiento oncológico, ahora el conflicto con la obra social Unión Personal sumó una nueva instancia judicial.
En diálogo con el programa Mediodías Taficeños (lunes a vierne, a las 12 por la 104.7), la abogada Evelyn Mignola (Matrícula Federal T 708 F 54) confirmó que solicitaron ante la Justicia la aplicación de astreintes —multas económicas diarias— debido al incumplimiento de una resolución que ordena garantizar la cobertura integral de los medicamentos indicados para Josefina.
El caso ya había generado fuerte repercusión en Tucumán durante las últimas semanas, especialmente por el impacto social que tuvo la campaña impulsada por familiares, amigos y vecinos para reunir la medicación necesaria y evitar demoras en el inicio del tratamiento. Según relató la propia Josefina en entrevistas anteriores, la ayuda solidaria permitió acceder a parte de los medicamentos mientras avanzaba el reclamo judicial.
Ahora, la preocupación pasa por la continuidad terapéutica.
“Ya existe una orden judicial que obliga a la obra social a cumplir. Sin embargo, aún con esa resolución, sigue sin garantizarse totalmente la medicación”, explicó Mignola durante la entrevista con David Correa en FM Dale 104.7.
El pedido judicial y la figura de las astreintes
La representante legal detalló que la presentación busca que el juez aplique sanciones económicas por cada día de demora en el cumplimiento de la sentencia.
“Las astreintes son multas diarias que se aplican por cada día de retardo en la entrega de la medicación. Hoy estamos esperando justamente que salga esa aplicación”, señaló.
Según explicó, la medida apunta a generar una herramienta efectiva para que la obra social dé cumplimiento inmediato a la resolución judicial. En ese sentido, sostuvo que agotaron distintas vías administrativas antes de recurrir nuevamente a la Justicia.
“Hemos realizado reiteradas intimaciones formales mediante cartas documento, correos electrónicos y presentaciones administrativas. Josefina también se dirigió personalmente a la sucursal en numerosas ocasiones y no obtuvimos respuestas satisfactorias”, afirmó.
Durante la entrevista radial, Mignola remarcó además que el caso no sería un hecho aislado dentro del sistema sanitario argentino actual.
“La judicialización de la salud es un fenómeno masivo”
La abogada contextualizó la situación dentro de una problemática estructural que atraviesa a pacientes de distintas obras sociales en el país.
“La judicialización de la salud hoy es un fenómeno masivo. Los juzgados están colapsados de amparos, no solamente contra Unión Personal, sino también contra muchas otras obras sociales”, expresó.
En ese marco, explicó que las patologías oncológicas cuentan con cobertura integral obligatoria y que el acceso a medicamentos de alta complejidad debería garantizarse sin interrupciones.
“En temas oncológicos, la obra social tiene la obligación de cubrir todo al 100%. Son tratamientos extremadamente costosos y la demora termina afectando directamente al afiliado”, indicó.
Mignola sostuvo además que los tiempos administrativos y judiciales muchas veces no avanzan al ritmo que exige una enfermedad compleja.
“El amparo es una herramienta urgente y rápida, pero aun así muchas veces no alcanza frente al avance de la enfermedad. Tener que iniciar una acción judicial por cada prestación médica no es compatible con la urgencia de estos tratamientos”, señaló.
Los medicamentos y la urgencia del tratamiento
De acuerdo a lo informado durante la entrevista, Josefina necesita un esquema terapéutico compuesto por tres medicamentos específicos: Letrozol, Leuprolide y Ribociclib.
La letrada explicó que la obra social habría entregado dos de esos medicamentos, mientras que el tercero continúa siendo motivo de conflicto judicial.
“El medicamento que estaría faltando es Ribociclib, que corresponde a una quimioterapia oral. Gracias a la solidaridad de la gente pudo conseguirlo para comenzar el tratamiento, pero para los próximos meses necesita que la obra social garantice la continuidad”, detalló.
El tratamiento previsto tendría una duración aproximada de cinco años, por lo que desde el entorno de Josefina existe preocupación sobre la necesidad de mantener una provisión constante y sin interrupciones.
“Ni siquiera arrancó plenamente el tratamiento y ya tuvo que atravesar toda esta situación. Tenemos tres amparos iniciados y recién es el comienzo”, advirtió Mignola.
El impacto humano detrás del expediente
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con el desgaste emocional y económico que implica para un paciente depender permanentemente de campañas solidarias o presentaciones judiciales para acceder a medicamentos esenciales.
Desde Mediodías Taficeños, David Correa remarcó que Josefina no puede afrontar cada pocos meses nuevas campañas públicas para garantizar su tratamiento. En ese sentido, Mignola coincidió en que el sistema debería ofrecer respuestas más rápidas y efectivas.
“Esperamos que prime la sensibilidad, la responsabilidad y el respeto por el derecho a la salud, no solo desde la obra social sino también desde todos los actores involucrados”, manifestó.
Hasta el momento, Unión Personal no realizó declaraciones públicas sobre el caso difundido en FM Dale 104.7.
Mientras tanto, la causa continúa en trámite judicial y se aguarda una resolución respecto del pedido de astreintes presentado por la defensa de Josefina Buonocore.