El concejal propone una mesa técnica con Nación y Provincia para atraer capitales y cuidar el patrimonio, sin entrar en la disputa judicial.
El concejal Benjamín Terraf, presidente del PRO Tucumán, presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Tafí Viejo un proyecto de resolución para promover la inversión privada en los talleres ferroviarios de la ciudad, sin descuidar el resguardo de su infraestructura y de su patrimonio histórico. La iniciativa propone crear una mesa técnica interjurisdiccional con la Nación, la Provincia y el Municipio, de carácter consultivo, voluntario y no vinculante.
El planteo se conoce el mismo día en que el Concejo aprobó por unanimidad una ordenanza que respalda al Ejecutivo municipal en la defensa de los talleres. Si aquella norma apunta a la titularidad del predio y a las acciones legales, la propuesta de Terraf transita otro carril: el del diálogo institucional entre jurisdicciones.
Inversión privada en los talleres ferroviarios: el eje del proyecto
El texto sostiene que la participación del capital privado en la infraestructura ferroviaria puede aportar recursos, tecnología y mayor eficiencia, además de empleo. Plantea que esa inversión es una oportunidad para recuperar instalaciones deterioradas y devolverles capacidad productiva a unos talleres con larga trayectoria en la historia industrial de Tafí Viejo.
Al mismo tiempo, el proyecto aclara que proteger el patrimonio no debe entenderse como una prohibición general de hacer obras, adaptaciones o modernizaciones técnicamente justificadas.
“La promoción de inversiones privadas y el resguardo de las instalaciones ferroviarias constituyen objetivos complementarios.”
Una mesa técnica con Nación, Provincia y Municipio
El proyecto invita al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Transporte, a Belgrano Cargas y Logística, a los organismos nacionales competentes, al Gobierno de Tucumán y a la Municipalidad de Tafí Viejo a evaluar la creación de ese ámbito de cooperación. Su conformación quedaría sujeta a la aceptación de las autoridades convocadas.
Entre los temas que la mesa podría analizar, el texto enumera:
- las necesidades de inversión y modernización de la infraestructura ferroviaria;
- la recuperación de actividades industriales y productivas;
- las instalaciones que requieran mantenimiento, conservación o protección;
- los antecedentes administrativos sobre la delimitación y el uso del inmueble;
- la generación de empleo y el desarrollo económico local;
- la incorporación de obligaciones de conservación en los instrumentos de participación privada.
También recomienda a las autoridades competentes evaluar un relevamiento técnico de las instalaciones, para conocer su estado, su potencial de recuperación y las necesidades de protección patrimonial.
Cuidar el patrimonio sin frenar la inversión privada en los talleres ferroviarios
Para el autor, las medidas de preservación deben formularse con criterios técnicos, razonables y proporcionales.
“La protección de las instalaciones no debe constituir un obstáculo injustificado para la inversión, sino una condición de planificación.”
El proyecto reconoce además las competencias del Estado nacional para definir la política ferroviaria. Recuerda que la Ley 27.742 contempla la privatización de Belgrano Cargas y Logística y que la Resolución 1761/2026 del Ministerio de Economía asignó a esa empresa determinados inmuebles ferroviarios, entre ellos uno vinculado con el cuadro de estación Tafí Viejo.
Apela, a su vez, al artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional, que reconoce potestades provinciales y municipales sobre establecimientos de utilidad nacional, siempre que no interfieran con sus fines específicos. Mientras tanto, el proceso general de privatización de la carguera tiene apertura de sobres prevista para el 11 de noviembre.
Sin tomar partido en la disputa judicial
El proyecto menciona que la Municipalidad ya promovió una acción judicial por los alcances de la Resolución 1761/2026, y deja en claro que no adhiere ni se opone a esa demanda. Su resolución, subraya, corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Además, aclara que el respaldo a la inversión privada es una posición general y no implica aprobar de manera automática actos administrativos, delimitaciones territoriales ni condiciones contractuales particulares. Tampoco altera las competencias de la Nación, la Provincia, el Municipio o la Justicia.
De prosperar, la resolución se comunicaría al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Transporte, a Belgrano Cargas y Logística, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, al Ejecutivo provincial y al Departamento Ejecutivo Municipal.
Queda por verse qué recorrido tendrá la iniciativa y si las autoridades invitadas aceptan sentarse a la mesa. Lo cierto es que, junto al reclamo por la titularidad del predio, ya hay sobre la mesa una propuesta que busca que la inversión y el patrimonio avancen de la mano.